Tucson, Arizona. Legisladores estatales en Arizona, liderados por el presidente del Senado, Warren Petersen, están preparando una iniciativa que busca facilitar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, en línea con las políticas implementadas por el presidente Donald Trump.
La propuesta, conocida como ‘Ley ICE de AZ’, plantea otorgar mayores facultades a las autoridades locales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Colaboración policial con agentes migratorios
De ser aprobada, la ‘Ley ICE de AZ’ obligaría a todos los departamentos de policía de Arizona y al Departamento de Correccionales estatal a firmar acuerdos con ICE bajo el programa federal 287(g).
Este acuerdo permitiría a los policías locales actuar como agentes migratorios, identificando y deteniendo a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados.
“Terminar con la crisis en la frontera requiere que todos cooperemos. Esta legislación permitirá que el Gobierno federal y estatal trabajen juntos para proteger a nuestros ciudadanos”, afirmó Petersen en declaraciones a la agencia EFE.
Financiamiento adicional y medidas complementarias
La propuesta también contempla la asignación de fondos adicionales para implementar la Ley Estatal 314, aprobada en noviembre pasado. Esta legislación permite el arresto y encarcelamiento de migrantes que crucen la frontera de manera irregular.
Según la Asociación Estatal de Alguaciles de Arizona, se necesitarían al menos 50 millones de dólares adicionales para ejecutar estas medidas.
Escenario político en Arizona
El Partido Republicano mantiene el control del Legislativo estatal, lo que facilitaría la aprobación de esta propuesta, pese a la oposición de sectores demócratas y activistas de derechos humanos.
Petersen expresó su confianza en que la gobernadora demócrata, Katie Hobbs, respetará la voluntad de los votantes y firmará la legislación si llega a su escritorio.
Impacto y controversia
La iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, que consideran que esta ley podría fomentar la discriminación racial y el abuso de poder por parte de las autoridades locales. Sin embargo, sus defensores argumentan que es una medida necesaria para abordar la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.
Esta propuesta pone nuevamente a Arizona en el centro del debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, dado el impacto que estas medidas podrían tener en las comunidades migrantes y en la relación entre los gobiernos estatal y federal.
